La nueva convocatoria de ayudas permitirá a los ayuntamientos adaptar sus entornos urbanos al aumento de temperaturas y reducir emisiones contaminantes.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la aprobación, por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de una nueva línea de subvenciones dirigidas a los municipios andaluces para el desarrollo de actuaciones frente al cambio climático. Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, contarán en su convocatoria de 2025 con una dotación total de cinco millones de euros.
El cambio climático se ha consolidado como el principal desafío medioambiental del siglo XXI. El aumento progresivo de la temperatura media global, junto con la alteración de los regímenes de precipitación, la disminución de los recursos hídricos y la mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos, tiene consecuencias directas sobre el medio natural, la economía y la salud y bienestar de la población. Según los Escenarios Locales de Cambio Climático en Andalucía, basados en el sexto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), se prevé que para mediados de siglo (2041-2070) las temperaturas aumenten entre 2 y 4,5 grados, pudiendo alcanzar entre 2 y 5,5 grados a finales de siglo en los escenarios más adversos.
Este contexto afecta especialmente a las áreas urbanas, donde el conocido fenómeno de las ‘islas de calor’ puede provocar incrementos térmicos de hasta cinco grados por encima de la media regional. La alta densidad de edificaciones, la escasez de zonas verdes y la concentración de tráfico convierten a las ciudades en focos especialmente vulnerables al calentamiento global, con impactos negativos sobre la calidad del aire, la salud pública y el bienestar físico y mental de la ciudadanía.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía viene desarrollando desde hace años una política activa en materia climática. En 2021 se aprobó el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), instrumento clave que desarrolla la Ley de medidas frente al cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Este plan actúa como marco de referencia para las políticas públicas y da cumplimiento al compromiso establecido en el artículo 204 del Estatuto de Autonomía.
En este ámbito, el papel de los municipios resulta fundamental. La Ley 8/2018 establece, en su artículo 15, la obligación de que todos los ayuntamientos andaluces elaboren y aprueben Planes Municipales contra el Cambio Climático, alineados con el PAAC y dentro de sus competencias. Estos planes deben basarse en el análisis de las emisiones locales de gases de efecto invernadero y en la evaluación de la vulnerabilidad climática del territorio, definiendo medidas concretas de mitigación y adaptación. En mayo de 2025, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente entregó estos planes a más del 95% de los municipios andaluces con menos de 50.000 habitantes, un total de 756 localidades.
Impulso a la acción climática local
De este modo, la Junta de Andalucía refuerza la acción climática a nivel local mediante la puesta a disposición de estrategias, asistencia técnica y apoyo económico. Las nuevas bases reguladoras consolidan este compromiso, facilitando a los ayuntamientos recursos financieros para ejecutar proyectos que incrementen la resiliencia de los espacios urbanos y periurbanos, fomenten la transición energética y reduzcan la exposición de la población a los episodios de calor extremo.
La convocatoria correspondiente a 2025 estará dotada con cinco millones de euros, cofinanciados a través del Programa FEDER Andalucía 2021-2027. Las ayudas se distribuirán en dos líneas: una para municipios con una población igual o superior a 50.000 habitantes y otra para municipios de menor tamaño, con una asignación de 2,5 millones de euros para cada línea, garantizando así la cobertura de prácticamente todo el territorio andaluz.
El procedimiento de concesión se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, asegurando la igualdad de oportunidades entre municipios y evitando discriminaciones, dado que todos están legalmente obligados a disponer de un plan municipal de cambio climático. Las cuantías de las ayudas oscilarán entre los 50.000 y los 500.000 euros, en función del número de habitantes y del alcance de las actuaciones. En el caso de los municipios más pequeños, el importe máximo será de 250.000 euros, mientras que los de mayor población podrán alcanzar los 500.000 euros.
Las subvenciones se destinarán principalmente a la creación y mejora de infraestructuras verdes en entornos urbanos y periurbanos, con el objetivo de avanzar hacia ciudades más sostenibles, habitables y preparadas frente a los efectos del cambio climático. Serán financiables aquellas actuaciones que, dentro del ámbito competencial municipal, contribuyan al objetivo europeo específico RSO 2.4, centrado en la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y el refuerzo de la resiliencia mediante soluciones basadas en la naturaleza.
Entre los proyectos subvencionables se incluyen la creación de parques, jardines y huertos urbanos, cubiertas y techos verdes, jardines verticales en edificios públicos y el desarrollo de bosques urbanos como grandes espacios vegetales destinados a mejorar la calidad del aire, generar sombra y reducir la temperatura ambiental. También se contemplan intervenciones en centros educativos, como la instalación de jardines o sistemas de recogida de aguas pluviales, así como actuaciones de restauración de dunas, marismas y humedales, y proyectos de renaturalización de ríos y estuarios para reforzar la función de sumidero de carbono y la protección de los ecosistemas.
Otras medidas previstas incluyen la implantación de infraestructuras verdes en vertederos sellados, la creación de espacios públicos de confort climático para mitigar el efecto isla de calor y la ampliación de zonas de sombra mediante arbolado, cubiertas vegetales y pérgolas ajardinadas que conecten áreas de elevado tránsito peatonal. En todos los casos, las inversiones deberán contribuir de manera directa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al aumento de la captación de carbono y a la mejora de la biodiversidad urbana, redundando en una mayor calidad de vida para la ciudadanía.
Estas ayudas, en consonancia con el Reglamento (UE) 2021/1058 que regula el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, se integran en el Objetivo Político 2 ‘Una Europa más verde y baja en carbono’ y contribuyen directamente a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, centrado en la lucha contra el cambio climático y sus efectos
